- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Quintana Roo cuenta con reconocimientos nacionales e internacionales pero los quintanarroenses no alcanzan a percibir avances
Por Álvaro Ortiz
CHETUMAL, 31 de enero.- En los seis años de funcionamiento la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) ha logrado sentar precedentes en el entorno nacional sin embargo, hace falta que los quintanarroenses puedan percibir y palpar su actuación en la construcción de un estado de derecho y en restaurar la confianza en sus instituciones, indicó Rosaura Villanueva Arzápalo.
La titular de la FECC dijo que en seis años de funcionamiento ha logrado integrar un grupo de colaboradores con especialización en el combate a la corrupción, enfocándose en la recuperación de activos con una cifra por dos mil 139 millones 423 mil 289 pesos en los que se incluye casos de sector público así como de particulares que han sido indemnizados al ser víctimas de abusos de autoridad.
Villanueva Arzápalo dijo que en el tiempo de operación de esta fiscalía de combate a la corrupción se han logrado detenciones por hechos cometidos en flagrancia, como el ocurrido en el municipio de Solidaridad en el que cuatro empleados fueron sancionados, permitiendo la recuperación de millón y medio de pesos para la víctima.
Refirió que desde el primer día que asumió la FECC se dio a la tarea de conformar un equipo de trabajo, dedicando varios meses a estudios y diplomados, de manera paulatina va equipando las oficinas para la cual ha tenido el respaldo de la Embajada de Estados Unidos a través de la Agencia Nacional Antinarcóticos (DEA por sus siglas en inglés), así como de los recursos estatales programados anualmente.
Añadió que la FECC es un referente nacional debido a que el 100 por ciento de sus colaboradores han concluido una carrera universitaria y por medio de becas han alcanzado especialización con nivel de doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia. La titular ofrece diferentes conferencias y talleres para la prevención de la corrupción y orienta para que los usuarios puedan acceder a este tipo de justicia.
La modernización y acceso a la tecnología ha sido una constante en los seis años de FECC para alcanzar economías en los juicios.
En 2018 se abrieron 341 carpetas de investigación con 783 imputados; en 2019, fueron 450 con 1004 imputados; en el 2020, con la pandemia se abrieron 480 carpetas con 771 imputados; en el 2021, se redujo a 425 con 718 implicados y ya en 2022 fueron 359 con 540 imputados.
En los últimos tres años se registra una reducción en la apertura de carpetas de investigación como resultados de la nueva enfoque en el que se involucró la FECC que es la prevención; de las dos mil 55 carpetas se han logrado alcanzar resolver al aplicar criterios de oportunidad y el caso de Quintana Roo es de los pocos en el país que no tienen archivos temporales, explicó.
Recordó que también intervienen en casos de particulares con relación a las autoridades y en los casos de Puerto Morelos y de Solidaridad, lograron tener reparación del daño que es una salida alterna con la que se va resolviendo, pues lo que se busca al final es la satisfacción de la parte agraviada, lo cual en ambos casos ocurrió y están satisfechos de los convenio alcanzados.
Rinde informe anual ante la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado
La Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVII Legislatura, que preside el diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, recibió el informe anual de actividades que presentó Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en cumplimiento al mandato constitucional.
Expuso a los legisladores las actividades realizadas durante el 2022. El informe se dividió en 5 ejes sobre: investigación y judicialización, prevención del delito, fiscalía confiable, fiscalía innovadora, y visibilidad institucional.
Villanueva Arzápalo informó que del total de los delitos denunciados en contra de servidores públicos y particulares, el de abuso de autoridad fue el que mayor porcentaje de incidencia con un 34.2 por ciento, seguido del de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público con un 15.7 por ciento, peculado con un 12.7 por ciento, negligencia en el desempeño de función o cargo con 9.5 por ciento y el ejercicio ilícito del servicio público tuvo el 8 por ciento.
