“Hago uso de la palabra motivado por dos cuestiones fundamentales: hacer válidos los derechos de las y los tulumnenses y contribuir a la recuperación del prestigio de Tulum, joya turística de México”, inició el diputado José Luis Peche su discurso en el Congreso del Estado en la sesión del 15 de octubre.
En Quintana Roo, hablar de nuestras playas y del color de nuestro mar no es hablar sólo de arena y mar.
Es hablar de nuestra historia, de nuestra identidad y soberanía. Es también hablar de las virtudes naturales de esta maravillosa tierra que nos diferencian muy favorablemente en el entorno mundial.
Porque en la belleza de cada ola del mar Caribe que llega a nuestras playas, está la memoria de los constituyentes de este país que decidieron que las tierras y las aguas serían propiedad de la nación y no de unos cuantos.
Por eso, cuando estuve en el senado luché por recuperar las playas públicas. En septiembre de 2020 presenté una iniciativa para recuperarlas y que, aunque fue aprobada por unanimidad en el senado, luego, por presiones de los actores económicos, la metieron a la congeladora en la Cámara de Diputados hasta que la actual legislatura federal la desechó.
Por eso, hoy levanto la voz, no como legislador únicamente, sino como ciudadano, como padre de familia y abuelo para exigir que se garantice el libre acceso a las playas de Tulum. Debemos defender que aquello que muchos de nosotros disfrutamos, también puedan disfrutarlo los que nos siguen.
Porque lo que está en juego no es solo un pedazo de costa: es el derecho de cada mexicano a disfrutar lo que la Constitución dice que le pertenece.
Los artículos 27 y 11 de nuestra Carta Magna son muy claros al señalar que la propiedad de las tierras y las aguas corresponden originalmente a la nación y de que toda persona tiene derecho para viajar por su territorio sin necesidad de pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
Más aún, el artículo 8 de la Ley de Bienes Nacionales señala textualmente que “El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítima terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado, ni condicionado…”
Con base en ello, no hay interpretación posible que justifique rejas, cobros o guardias que impidan el paso.
Y sin embargo, ahí están, en pleno siglo XXI, en uno de los municipios más visitados del mundo, kilómetros de playa sin un solo acceso público.
Y ciertamente, fue la visión neoliberalista despiadada que auspició el gobierno de Miguel de la Madrid la que creo el concepto de la Zona Federal Marítima Terrestre y que hizo creer a los empresarios que al obtenerla para beneficio de su negocio, podían restringir el acceso a las y los mexicanos y condicionarlos a un pago para el acceso y disfrute de las playas.
Y qué bueno que este gobierno le ha declarado la guerra al neoliberalismo. Porque ahora es momento de demostrarlo.
Que hoy toda la zona hotelera de Tulum no tenga un solo camino de acceso para que la gente pueda disfrutar de las playas, no es sólo una omisión: es una injusticia. Y siendo Tulum un destino turístico mundial es un sinsentido colosal en términos comerciales.
Los turistas que ven la hermosura de nuestras playas en la promoción mundial no pueden llegar y encontrarse con que las playas promocionadas están bloqueadas en su acceso y NO SON GRATUITAS. En el mundo, esto no es así. Las playas son gratuitas en los destinos turísticos mundiales.
Adicionalmente, esta medida lastima el tejido social, alimenta la desigualdad y manda un mensaje terrible a nuestra gente: que en su propio Estado, hay lugares a los que no puede entrar, coartando su libertad de tránsito.
Yo pregunto a este Pleno:
Esta legislatura se ha autodefinido como la Legislatura de la Justicia Social, pero ¿qué clase de justicia social podemos defender si permitimos que los bienes públicos se conviertan en privilegio de pocos?
¿De qué sirve legislar para el pueblo si, cuando el pueblo llega a la playa, lo detiene una cadena o una caseta con tarifa?
Lo que ocurre en Tulum no puede seguir siendo tolerado.
Es una contradicción que en nombre de la “protección ambiental” se impida el acceso al mar, cuando lo que se protege en realidad son intereses económicos.
Cuidar la naturaleza está muy bien, pero eso no debe traducirse en exclusión para nuestra gente ni para los turistas.
Ahora ocurre que en Parque del Jaguar para llegar a la playa pública, las personas tienen que caminar casi dos kilómetros y no pueden entrar con alimentos. Con esas condiciones ¿qué creen que ocurre con los discapacitados, los ancianos y las personas de bajos recursos que quieren disfrutar un día de la playa que por ley les pertenece? Simplemente, se desaniman. Ahora resulta que la autoridad que tiene la obligación de defender los derechos ciudadanos y facilitarles la vida no trabaja en esa dirección.
La autoridad olvida que debe ayudar a que los ciudadanos disfruten de los bienes públicos. Debe crear infraestructura que facilite el disfrute de las playas: regaderas, baños, salvavidas, basureros y ciertamente, un control, que asegure el buen uso y limpieza de nuestras playas. Para eso está la autoridad. Como ocurre en el resto del mundo, porque no olvidemos que somos un destino turístico mundial.
Las playas públicas son un símbolo de igualdad. Son el punto de encuentro donde el niño de escuela pública y el empresario, el turista y el pescador, se sientan frente al mismo horizonte a disfrutar la belleza de nuestro México. Donde el humilde o el poderoso, ambos se sienten ricos por su patrimonio natural.
Quitar ese derecho es fracturar la esencia misma de México. Es recordarle al humilde que es verdaderamente pobre.
Y por eso hoy propongo este acuerdo de urgente y obvia resolución para que el Ayuntamiento de Tulum actúe de inmediato y, en coordinación con las autoridades federales y estatales, reabra los accesos públicos a las playas históricamente libres de Tulum. Es decir, las playas que todos los tulumenses disfrutaban con sus hijos y familias y que ahora se les niegan. Me refiero a Playa Pescadores, Playa Maya, Playa Santa Fe, Playa Mangle y Playa Paraíso.
Adicionalmente, estamos pidiendo que tal como señala el artículo 127, la autoridad municipal se apoye en las autoridades federales para abrir los caminos de acceso a las playas en los casi 3 kilómetros de barda recientemente levantados en la Zona Hotelera de Tulum, entre el Parque del Jaguar y Punta Piedra.
Los inversionistas que llegan de fuera no pueden llegar pensando “estas playas son tan bonitas que hay que evitar que entren a ensuciarlas la gente local”. Porque ya lo dije, la autoridad debe poner la infraestructura y la vigilancia necesaria para que la gente pueda disfrutar de las playas, con el debido orden y limpieza. La codicia de unos pocos no puede ir contra el bienestar de los muchas mexicanas y muchos mexicanos. Y para eso está la autoridad, para recordarles que las playas son para el disfrute de todos y no sólo para hacer su negocio.
Y no estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo el cumplimiento de la ley, el respeto a la Constitución y la recuperación del orgullo de ser quintanarroenses.
Compañeras y compañeros, en un Estado que vive del turismo, no puede haber desarrollo sin dignidad.
Tulum no debe seguir siendo un destino donde el visitante nacional se sienta extranjero en su propia tierra. Necesitamos reconciliar a Tulum con México.
Que vuelva a ser un espacio de convivencia con la naturaleza, un espacio de cultura y de respeto mutuo. No se trata de ir contra nadie, sino de ponernos del lado correcto de la historia.
Y ese lado siempre será el del pueblo, el de la ley y el de la justicia social.
Hagamos de este Congreso la voz de las familias tulumnenses que ha sido silenciada frente las bardas que le impiden el acceso a sus hijos a las playas que les pertenecen.
Es hora de hacer nuestro trabajo. Levantemos juntos esta causa que no es de partido, sino de principios.
Porque cuando un ciudadano recupera su derecho al mar, recupera también su fe en el Estado, la fe en un gobierno que se proclama humanista. Compañeras y compañeros, defender las playas públicas es defender el alma de Quintana Roo.
Hagámoslo con convicción, con decencia y con el orgullo de saber que servimos al pueblo quintanarroense y a todas y todos los mexicanos.
Muchas gracias.
