Por Álvaro Ortiz Salamanca
CHETUMAL, 26 de mayo. – Al anunciar su voto en contra de una iniciativa que se presenta como un avance democrático, pero que en realidad es un atropello deliberado a la autonomía municipal y un golpe artero al pluralismo político del Estado”, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) en la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, explicó el motivo por el cual la consideró injusta y profundamente antidemocrática.
Ante la tribuna del Congreso local, señaló que la reforma es injusta, porque despoja de recursos a los municipios de forma voraz y contraviene lo señalado por la reforma federal del pasado 23 de abril, que de manera explícita señala que todos los ahorros derivados de la reducción de los Congresos locales y las reestructuras de los Cabildos “quedarán en el patrimonio de la hacienda pública de cada Ayuntamiento”.
“La Federación entendió que el dinero ahorrado en lo local debe quedarse en la comunidad que lo generó”, pero en cambio el oficialismo quintanarroense, lo expone de manera ambigua y perversa, con el fin de que el gobierno estatal decida su destino general en obras de infraestructura”, expuso.
Señaló que la austeridad no puede convertirse en la coartada perfecta para el autoritarismo y con energía, desde la tribuna exigió respeto absoluto a la autonomía presupuestaria de los ayuntamientos. “¡Los ahorros del municipio deben ser ejercidos por el municipio y para el municipio!”, indicó.
“No merecemos una reforma constitucional local hecha con prisa, con vicios legales severos y diseñada con el único propósito de blindar los intereses electorales de un grupo político de cara al 2027″, agregó.
Enfatizó que el miedo a perder el poder, les lleva a destrozar, poco a poco, las vías democráticas que les ha permitido llegar al poder.
En el terreno estrictamente político-democrático, se pronunció en contra de la propuesta que pone fin a la cláusula en las elecciones municipales, que da la posibilidad a los candidatos perdedores a presidencias municipales a quedar incluidos en los cabildos como el primer regidor de representación proporcional.
De esta forma, no quieren la formación de una nueva clase política en la oposición. Prefieren un cabildo despolitizado, integrado por perfiles desconocidos que provienen de listas cerradas y controladas por las burocracias de los partidos, reduciendo al Ayuntamiento a una simple oficialía de partes del presidente municipal en turno. “Esto debilita la calidad de la representación y traiciona la voluntad de miles de quintanarroenses que votaron por una opción opositora competitiva”, dijo.
De la misma forma, puntualizó que “adicionalmente y como si limitar la representación en los ayuntamientos no fuera suficiente, la iniciativa de reforma decide ponerle un bozal a la ciudadanía en materia de democracia directa”.
Señaló que la modificación al artículo 41 de la Constitución del Estado, para regular las consultas populares. “Introduce una restricción que considero inaceptable en un estado que se jacta de ser democrático pues establecen que no podrán ser objeto de consulta popular las obras de infraestructura en ejecución y, la seguridad estatal”.
Por ello, preguntó cuál es el temor para prohibir al pueblo de Quintana Roo se le consulte sobre el sistema financiero, los ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos del Estado, los proyectos de infraestructura o sobre las fallidas estrategias de seguridad pública. “Es el reflejo más fiel de un régimen que le teme a la opinión de sus gobernados”.
Y añadió: “si una obra de infraestructura daña el medio ambiente, destruye el patrimonio natural o afecta la vida de una comunidad originaria, ¿por qué privar legalmente a la ciudadanía del derecho a expresarse en las urnas? Esto no es empoderamiento ciudadano; es un amordazamiento institucional para que el gobierno pueda gastar de la forma que quiera y sin, la posibilidad, de ser llevado a una consulta ciudadana”.
Dijo que, por la dignidad del Poder Legislativo, por la defensa irrestricta de la autonomía municipal y por el derecho inalienable de los ciudadanos a participar y ser representados con autenticidad deben reflexionar con madurez de Estado. “No seamos cómplices de esta simulación legal. Corrijamos el rumbo, modifiquemos los transitorios tramposos, respetemos la hacienda municipal y devolvamos la dignidad al debate democrático de nuestro estado”, concluyó.
