Por Álvaro Ortiz Salamanca
CHETUMAL, 25 de septiembre. – Diputados de la XVIII Legislatura aprobaron la minuta con reformas a la Constitución Federal en materia de extorsión promovida por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo para combatir uno de los delitos que más afecta a las familias mexicanas.
Con el apoyo decidido de todos los grupos y representaciones legislativas, el Congreso de Quintana Roo se convirtió en uno de los primeros estados en aprobar esta reforma constitucional, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para prevenir y proteger a la población de este flagelo.
La reforma busca facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General contra la Extorsión para perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.
Debe haber autocrítica y políticas públicas sensatas y efectivas, señala José Luis Pech
El diputado José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que la reforma a la ley sobre el delito de extorsión debe pasar por un momento de autocrítica, debido a que por muy sólida que llegue a ser, corre el riesgo de ser letra muerta si no se acompaña de políticas públicas sensatas y efectivas.
Durante su intervención en la tribuna del pleno de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado en la madrugada del 25 de septiembre, el también Coordinador Operativo de MC en Quintana Roo, dijo que es alarmante que se haya confirmado que el enemigo a veces está en casa, como ocurrió recientemente, cuando fueron detenidos dos policías de investigación activos de Cancún y un expolicía municipal de Isla Mujeres; todos vinculados a casos de extorsión contra ciudadanos y empresas.
Señaló que “la extorsión ha dejado de ser una simple falta para convertirse en un flagelo de alto impacto que no solo afecta el patrimonio, sino también la paz y la estabilidad de las familias trabajadoras, los negocios, y la economía nacional”.
Precisó que “en Movimiento Ciudadano están convencido que si queremos resultados diferentes, hay que cambiar la fórmula actual. Necesitamos mucha humildad, autocrítica y una escucha activa a las diversas voces que han vivido esta situación en carne propia”.
Expuso que “falta un modelo nacional de atención con ventanilla única en las fiscalías, medidas de protección inmediata a las personas afectadas, asesoría jurídica gratuita, acompañamiento psicosocial y, cuando sea necesario, la reubicación física temporal de la persona afectada. Todo ello bajo estrictos protocolos de confidencialidad para resguardar datos comerciales y financieros de quienes denuncian asegurando su integridad y la de sus familiares”.
Es por ello, destacó, que “necesitamos que la nueva Ley General demuestre que las autoridades tienen la voluntad política de perseguir este delito y así la ciudadanía pueda recuperar la confianza en sus autoridades para denunciar”.
Dijo que en el país “las cifras son contundentes: en 2023, la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con una tasa de prevalencia de mil 562 por cada 10 mil establecimientos.
Agregó que es un delito que en ese año generó un costo de 124 mil millones de pesos y cuenta con una cifra negra alarmante: más del 90 por ciento de los delitos no se denunciaron o no se abrió una carpeta de investigación.
Al referirse al caso de Quintana Roo, el diputado naranja indicó que en el estado la realidad no es distinta. “En el primer semestre de este año tuvimos 107 casos de extorsión, lo que representa más del 85 por ciento de las denuncias en la península de Yucatán, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, datos que contrastan de forma significativa con Campeche, que reportó 15 casos, y Yucatán, con sólo uno.
Añadió que “el delito de extorsión ha crecido más del 57 por ciento en solo seis años a nivel nacional, y en el primer semestre de 2025, a diferencia de otros delitos de alto impacto que han disminuido, la extorsión aumentó más del 25 por ciento”.
Precisó que “todo esto evidencia que el sistema de procuración e impartición de justicia no está funcionando. Para mejorarlo requerimos del conocimiento que aportan los estados que sufren el flagelo; pero también requiere de las capacidades federales, presupuesto, inteligencia y tecnología”.
Además puntualizó “es necesario homologar el delito y sus sanciones en todo el país, contemplar las distintas modalidades de extorsión, fortalecer la confianza en los canales de denuncia, crear líneas especializadas y herramientas digitales con reserva de identidad, así como convenios con cámaras empresariales y plataformas para poder captar reportes”.
Apuntó que la confianza crece cuando hay plazos claros de respuesta. Y esa es la razón por la que “una Ley General implica respaldar a las autoridades municipales, estatales y federales y, sobre todo, dar a las policías locales las herramientas correctas para enfrentar un problema que las rebasa y que exige coordinación nacional”.
