Confían ejidatarios de Morocoy que el INAH pague indemnización por expropiación de tierras

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Por Herlindo Vázquez

CHETUMAL, 19 de enero. – Dada la apertura y conducción del Tribunal Unitario Agrario (TUA) Número 44 de Chetumal, el ejido Morocoy confía lograr la indemnización de más de 287 hectáreas expropiadas desde 1970 para la operación de las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná, señaló Sonia Méndez Lile, presidenta del comisariado del núcleo agrario.

Refirió que el 21 de septiembre de 1970 se constituyó el ejido Morocoy, el cual se localiza a 54 kilómetros de Chetumal. Es integrado por 271 agremiados y cuenta con cinco mil 950 hectáreas de terreno, delimitadas formalmente en 1981.

En ese entonces, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) expropió terrenos para las tres zonas arqueológicas ubicadas en el núcleo ejidal.

Para la operación de Dzibanché al Ejido Morocoy se le expropiaron 286 hectáreas; dos para Kinichná; mientras que, cinco fueron para Grupo Lamay.

La presidenta del comisariado ejidal indicó que tal procedimiento fue ilegal, toda vez nunca hubo un fedatario público por lo cual se promovió juicio de nulidad.

Desde hace 55 años el INAH ha incumplido con la liquidación, por eso los ejidatarios están inconformes. Exigen un millón de pesos por cada hectárea.

Para el 24 de septiembre y 27 de noviembre de 2025 se habían programado audiencias a fin de concretar la indemnización. Empero, quedaron suspendidas.

El 26 de febrero se realizará la tercera. Los ejidatarios de Morocoy confían se logrará el resarcimiento de la expropiación.

La presidenta del comisariado ejidal resaltó la apertura y disposición del magistrado Rafael Gómez Medina, porque a diferencia de anteriores, en las audiencias les ha permitido la exposición detallada de la argumentación.

“Hemos visto que resuelve rápido, tuvimos las audiencias, escuchó a cada una de las partes, entonces queremos pensar que tenemos una buena oportunidad que actúe con legalidad y justicia”, refirió.

Los ejidatarios coinciden en que además de tener la razón legal, el proceso será con celeridad, porque así deja entrever el magistrado del TUA Número 44.

Precisó el juicio agrario es por la defensa del patrimonio del Ejido, y no existe ningún encono contra el INAH u otra autoridad.

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