Por Hugo Alday Nieto
Nos encontramos en una línea de tiempo en la que coexisten en el mismo espacio un titular en funciones del ejecutivo y la titular electa de dicho poder, previo ya a su toma de protesta en poco más de dos meses. Las señales de la misma moneda, es decir del poder ejecutivo de México, han empezado a mostrar dos caras muy distintas la una de la otra.
Recibimos con agrado las propuestas de personas que habrán de formar parte del gabinete del gobierno de México por los siguientes seis años con personajes de gran experiencia laboral en sectores públicos y privados tanto nacionales como del exterior, incluso con participaciones relevantes en la ONU, la CEPAL o en la OCDE, también recogimos con gran sorpresa los currículos académicos de la gran mayoría de ellos que, al igual que la presidenta electa, cuentan con estudios en instituciones mexicanas y extranjeras de maestría y doctorado, e incluso con más de uno.
Por otro lado, recibimos con sorpresa que en la reforma al Poder Judicial que se encuentra en este momento en discusión, se busca eliminar requisitos para ser personas juzgadoras
Eliminar requisitos de experiencia en materia judicial o de litigio, así como de especialidad en la materia jurídica que corresponda al juzgado tiene un riesgo.
Tratar de señalar que los abogados con experiencia y posgrados son corruptos, es una idea un tanto incompleta, pues en realidad, creo que el Estado ha adolecido de especialistas en Derecho, tanto en el Congreso y como el propio gobierno central y son necesarios para estructurar acciones legales claras y contundentes como sucedió en la primera mitad del presente sexenio con Julio Scherer, Santiago Nieto y Olga Sánchez Cordero.
Los tres mencionados, trabajaron juntos y lograron posicionar al país en niveles nunca alcanzados en combate a la corrupción y en la construcción institucional.
Sin duda, una propuesta que puede abonar más a la justicia es precisamente la especialización de los tribunales, requisito al que México se ha comprometido a través diversos tratados internacionales.
Uno de esos compromisos es el acuerdo ADPIC que obliga a nuestro país a contar con tribunales especiales en materia de propiedad industrial y en derechos de autor y que en la especie y de acuerdo a lo manifestado en los últimos días, no se daría con la selección de alumnos de derecho recién egresados porque se pone en riesgo el sistema internacional del que formamos parte.
La explicación es simple, la mayoría de las universidades públicas o privadas de este país no cuentan con ambas materias en su programa de estudio.
Por ello, resulta atractiva la propuesta de voltear hacia la academia en donde se encuentran una diversidad de especialistas en derecho desde la UNAM, ANAHUAC, COLMEX, ITAM, ITESM y diversos centros de posgrado e investigación de universidades estatales que pueden nutrir el sistema de justicia.
Son dos formas muy diferentes, la que busca la profesionalización a través de la experiencia y el conocimiento y la del que impulsa el ímpetu y el deseo antes del KnowHow (saber cómo).
Dos visiones en las que México se encuentra hoy transitando en este período de tiempo ambivalente, pero del que seguramente saldremos poco a poco en septiembre hacia lo que será en segundo piso de la cuarta transformación.
Me gusta más la de las experiencias y las competencias académicas. ¿A ustedes?
