Por Álvaro Ortiz
Chetumal, 23 de octubre. – El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) diputado Humberto Aldana Navarro expresó su preocupación por la falta de certeza y probidad del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), esto en el marco de la comparecencia de Sergio Avilés Demeneghi, magistrado presidente del órgano jurisdiccional electoral con motivo de su informe anual de labores y resultados.
Ante la cercanía del próximo proceso electoral el cual es considerado como el más grande que tendrá el país, Aldana Navarro manifestó que, desde su punto de vista, el Tribunal Electoral no ha atendido el tema de certeza y probidad, los cuales son algunos de los valores y principios que deben regir su actuación.
“No es por una cuestión moral sino de experiencia, creo que mientras más experiencia y mejor se haya ejercido el cargo más probidad existe; entiendo que usted designó a la persona que ocupa la secretaría general con apenas cuatro meses ocupando el cargo, pero entiendo que sin experiencia jurisdiccional”, abundó.
Los cuestionamientos hacia el presidente del Tribunal Electoral se centraron en un recurso promovido relacionado con un caso de violencia política en razón de género, pues consideraron que la actuación del magistrado va en contra del respeto y defensa de mujeres que han sufrido violencia política.
En la sesión ordinaria número 16 también compareció Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, con motivo de su informe anual de labores y resultados.
Lozano Ocman destacó el trabajo realizado por el Instituto para avanzar en la construcción de un Quintana Roo libre de opacidad y en la que los integrantes de la XVII Legislatura se pronunciaron, entre otras cosas, por reforzar las acciones para que los sujetos obligados cumplan con la actualización de la información obligatoria dentro de sus páginas oficiales.
Previo a la sesión ordinaria, se llevó a cabo la comparecencia de Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, director general del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, la cual estuvo centrada en el cuestionamiento de legisladores por el pago de 11 millones 362 mil 200 pesos efectuado a un despacho de abogados para que elaborara la “Armonización de la Ley de Movilidad del Estado, la emisión del Reglamento y la adecuación del Orden Jurídico Estatal Relativo”.
El director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, defendió la inversión al afirmar que no se trata de hacer una ley y publicarla, pues así fue como hicieron la anterior de Movilidad, por eso está tan mocha “Porque no coacciona ni coadyuva, ni trabaja de la mano de otras instituciones, toca todas las demás leyes; obviamente se trabaja en lenguaje inclusivo, se trabaja en armonización con la ley federal”, sostuvo.
Las diputadas Cinthya Millán Estrella y Deyanira Basurto Basurto reclamaron el excesivo costo que se pagó al despacho “Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría”, y la postura de la diputada Cristina Alcérreca Manzanero, de exigir mayor claridad al asunto, a lo que el funcionario precisó que fue necesario porque la ley busca poner al peatón en el centro de las políticas públicas de movilidad.
Hizo notar que la Ley General Federal no resuelve la competencia de los Estados al contrario se tiene que elaborar una y armonizar
