Por Álvaro Ortiz
CHETUMAL, 22 de diciembre. – Los diputados de la XVII Legislatura aprobaron la derogación del decreto 250 que de manera anticipada prorrogaba hasta el año 2053 el vencimiento del título de concesión integral a la empresa Desarrollo Hidráulicos de Cancún (Aguakán) e incluía el municipio de Solidaridad para brindar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales así como inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más avanzadas en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.
Por unanimidad, en la sesión del primer periodo extraordinario del segundo año de ejercicio, los legisladores aprobaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto de obvia y urgente resolución por el que se abroga el diverso Decreto número 250 por el que la XIV Legislatura prorrogó anticipadamente a su vencimiento la vigencia del Título de Concesión Integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V.; presentada por el Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido MORENA y Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVII Legislatura del Estado.
Al señalar que se incurrieron en incumplimientos de procedimientos para sustentar la legalidad de la ampliación del título de concesión y que en el proceso se incorporaron de manera ilegal una serie de cláusulas que se contraponen con leyes estatales y por ese simple hecho no tienen valor, el promovente de la iniciativa explicó que a partir del 1 de enero de 2024, el Gobierno del Estado retoma el control en el servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios donde está operando Aguakán.
Hay que recordar que de fecha 20 de octubre de 1993, la VII Legislatura aprobó el decreto 28 que otorgó el título de concesión a Aguakán por un periodo de 30 años, plazo que se cumplirá el 31 de diciembre de 2023. En el año 2014, la XIV Legislatura aprobó el decreto 250 para que la concesión se extendiera hasta 2053 y este todavía no entra en vigor.
Como parte de la argumentación para derogar el decreto 250 se incluye que el Congreso atiende la vinculación de la consulta pública de 2022 en la que los usuarios de los municipios Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos no están de acuerdo que Aguakán siga brindando el servicio de agua potable y alcantarillado.
El diputado Humberto Aldana estableció que de manera indebida fue incorporada una cláusula que no fue aprobada por la legislatura del año 2014 que modificó la forma de resolver las controversias derivadas de la concesión por medio de un panel de expertos y arbitraje internacional y no así por los tribunales del Estado lo cual va contra la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.
Asimismo, en este proyecto que abroga el decreto 250, se integró un comité para que se investigue el destino final del pago por mil millones de pesos que Aguakán realizó como contraprestación por la extensión de 30 años del título de concesión y la inclusión del municipio de Solidaridad a este servicio.
Realiza XVII Legislatura periodo extraordinario para atender diversos temas
La XVII Legislatura del Estado aprobó reformas a la Constitución Política del Estado para el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia mediante la cual se redujo a once los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y realizó una optimización organizacional del Consejo de la Judicatura.
En la sesión del primer periodo extraordinario del segundo año de ejercicio, se aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la cual se establece que el Tribunal será presidido por una magistrada o magistrado designado por el Tribunal Pleno cada cinco años, con posibilidad de reelección por una sola vez, para un periodo de igual duración.
Con esta reforma, las magistraturas durarán quince años sin posibilidad de reelección y el Consejo de la Judicatura ahora se conformará por tres personas integrantes.
Por otra parte, la XVII Legislatura aprobó una nueva Ley para el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo armonizada con las disposiciones vigentes para sincronizarse con los modelos educativos de vanguardia, asegurando una visión progresista orientada hacia la adquisición de habilidades relevantes y la formación de ciudadanos responsables y adaptativos.
