Por Álvaro Ortiz Salamanca
CANCÚN, 20 de febrero. – Este viernes, la Cámara de Diputados instaló en esta ciudad el subgrupo de trabajo de Régimen Fiscal para la Frontera Sur y Polos de Desarrollo, lo que representa el inicio de un trabajo serio para actualizar el régimen fiscal de la frontera sur y el beneficio se amplíe para las islas de Quintana Roo.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Carol Antonio Altamirano; de la secretaria y presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu Artiñano, así como de los legisladores Fernando Castro Trenti y Marybel Villegas, quien fue nombrada coordinadora de este subgrupo de trabajo, celebraron la sesión de trabajo en esta ciudad a la que asistieron representantes de cámaras empresariales, industriales, sindicatos de los diversos municipios de Quintana Roo.
Durante el planteamiento, la diputada Marybel Villegas subrayó que la frontera norte ha contado con instrumentos específicos durante años; en cambio, la frontera sur enfrenta realidades distintas.
“Aquí convergen dinámicas internacionales, comercio exterior, turismo global, polos de desarrollo y también retos estructurales que no siempre han sido considerados en el diseño fiscal nacional”, dijo.
Por eso es importante revisar si el marco jurídico actual responde a las necesidades presentes, acotó.
“No se trata de pedir privilegios. Se trata de evaluar si existen asimetrías que deban corregirse. En la frontera sur existen municipios con dinámicas económicas internacionales, infraestructura portuaria activa y operación aduanera permanente”, subrayó.
Y en ese tenor recordó que existen territorios insulares como Isla Mujeres, Isla de Holbox y Cozumel que enfrentan costos logísticos estructurales que no derivan de ineficiencia, sino de su propia condición geográfica y que por consecuencia, encarecen su nivel de vida diaria.
Y en ese contexto, la diputada presentó en coordinación y respaldo de su homóloga de Campeche, Rocío Abreu Artiñano una iniciativa para adicionar el artículo 39 Bis al Código Fiscal de la Federación.
Se trata de una herramienta jurídica que permita reconocer la condición insular dentro del régimen fiscal y dotar al Ejecutivo Federal, en el marco del artículo 39 del propio Código, de mayores elementos para valorar, en su caso, estímulos fiscales mediante decreto.
