Se fortalece profesionalización a servidores públicos en materia de derechos humanos

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CANCÚN, Q. Roo.- La Oficialía Mayor, a través del Instituto de Capacitación en Calidad (ICCAL), llevó a cabo el curso “Marco Jurídico en Materia de Derechos Humanos”, en coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, tema que forma parte de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo de este gobierno 2016-2018.

El director de tal dependencia, Luis Pablo Pérez Torre, reiteró que el compromiso del Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, es impulsar la capacitación continua de los servidores públicos, por lo que este curso impartido por Saúl Casal Ulloa es resultado del Convenio de Colaboración firmado en meses recientes entre el Ayuntamiento de Benito Juárez y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Por ello, participaron servidores públicos municipales de Juzgados Cívicos, Desarrollo Social, Educación Municipal, GEAVI, Desarrollo Social Económico, Centro de Retención Municipal, Salud Pública, Instituto Municipal de la Mujer, SIPINNA y de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito e ICCAL.

Durante el curso, se abordó el concepto de los Derechos Humanos, definida como un conjunto de prerrogativas universales, indivisibles, interdependientes y progresivos, inherentes a toda persona, reconocidas por la autoridad estatal y asegurados bajo el principio de la no discriminación, cuya norma es obligatoria en la actuación de todos los servidores públicos.

En el marco jurídico, se subrayó que los Derechos Humanos son un conjunto de disposiciones, declaraciones, convenciones, pactos, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe apegarse un Estado en el ejercicio de las funciones que tienen encomendada, de ahí que en su naturaleza moral y social, son valores morales construidos y consensuados socialmente que refieren a las condiciones de existencia necesaria para el reconocimiento de la dignidad humana.

Finalmente, se puntualizó que esta normativa tiene obligatoriedad y capacidad de asignar responsabilidad a los estados, ya que cuenta con mecanismos para la denuncia de la violación de los mismos y la adopción de medidas reparatorias del daño y antidiscriminatorias, de ahí que la conducta de los servidores públicos debe apegarse al cumplimiento de estos valores y derechos en el marco de sus funciones. (redacción)

 

 

 

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